Reseña del Informe sobre el Desarrollo Mundial, “La gobernanza y las leyes” del Banco Mundial

El crecimiento económico más alto en las últimas décadas ha sido sin duda el de China, y, sin embargo, la estructura institucional del país se ha basado en la toma de dirección centralizada de la economía por parte del Estado desde antes del aumento sostenido del Producto Interno Bruto. ¿Qué puede significar este hecho para organismos internacionales que analizan y emiten recomendaciones de políticas enfocadas en las ventajas de la competencia y la apertura comercial como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial (BM)? Significa que para que las políticas públicas logren los objetivos planteados el enfoque en el flujo de las decisiones puede ser más importante que la institucionalidad que las ejecuta. En el caso de China, el cambio se dio mediante políticas adaptativas de las instituciones tradicionales debido a profundos cambios en el liderazgo colectivo.

El anterior análisis es ejemplo del cambio de perspectiva que ha tomado el BM en su más reciente publicación del Informe sobre el Desarrollo Mundial, “La gobernanza y las leyes”. Sorprendentemente, el planteamiento para el análisis de políticas públicas usado en el documento establece como elemento fundamental las relaciones de poder de los participantes en las negociaciones y que las “arenas”, ese espacio en el que los participantes relevantes plantean e impulsan sus posturas, no son necesariamente formales, de tal forma que los acuerdos para sacar adelante determinada política pública no necesariamente se logran en el espacio público-gubernamental.

La publicación insignia del BM de este año llama gobernanza a este “proceso de interacción entre actores estatales y no estatales para formular y aplicar políticas en el marco de un conjunto determinado de reglas formales e informales que moldean el poder y son moldeadas por éste”, sosteniendo que es bajo ésta consideración como las propuestas de política deben ser analizadas, de forma que se logren las soluciones más eficaces, que no necesariamente serían las óptimas.

El marco de gobernanza planteado puede ser utilizado tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional, y lo ejemplifica mediante varios casos, en los que el objetivo es lograr el desarrollo a diversos niveles, seguridad, crecimiento y   equidad ¿porque en Somalilandia una región autónoma de Somalia ha vivido 20 años de estabilidad mientras que Somalia ha experimentado constantes rupturas del orden Estatal? ¿Porque los recursos naturales han resultado una “maldición” para ciertos países?

Partiendo de la identificación de los actores que intervienen en la gobernanza, el diagnostico dependerá de las asimetrías del poder, siendo entonces necesario, como primer paso, corregir las asimetrías, y, en segundo lugar, lograr que los actores tengan los incentivos suficientes para actuar con compromiso, con coordinación y con cooperación.

Este año el Banco Mundial sorprende con un documento basado en los teóricos fundamentales de las ciencias políticas como Robert Dahl, Gaetano Mosca o Michel Foucault y cual, si se hubiera olvidado de su propia práctica tanto en América Latina como en Europa del Este, señala las leyes como elementos secundarios en el logro de políticas. Finalmente, la propuesta del BM invita a:

•Reflexionar no solo sobre la forma de las instituciones, sino también sobre sus funciones.

•Reflexionar no solo sobre el fortalecimiento de la capacidad, sino también sobre las asimetrías de poder.

•Reflexionar no solo sobre la ley en el papel sino sobre el papel de la ley.

documento en: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017

Al ritmo del G20

Menos de 10 años[1] duró el trato fraterno entre los países desarrollados y emergentes reunidos en el G20. Éste grupo, como antes lo fue el G8 y el G6 busca coordinar y establecer las directrices del sistema económico mundial, entendiendo que la soberanía nacional ya no basta para mantener bajo control las variables financieras más importantes; a éste mecanismo de coordinación podríamos llamarle gobernanza financiera.

Hoy en día, previo a las reuniones; los analistas pueden formarse una idea más o menos clara de lo que se discutirá, las posturas con las que llegan los actores y el rumbo que se espera tomen las cosas. En las cumbres similares hace dos décadas la información era limitada, gran parte de la identidad de los involucrados desconocida y la agenda y los compromisos resguardados bajo el más alto nivel de secrecía.

Por otro lado, al igual que antes, para los ciudadanos resulta difícil entender la trascendencia de éstos encuentros de alto nivel; al finalizar se publican sendos comunicados con rutas hacia un destino de bienestar inevitable, que pasan por la cooperación y la firma de documentos protocolarios, pero que muy remotamente establecen metas cuantitativas y mucho menos medidas en caso de no lograr algún elemento de la declaración. Como consecuencia, el mundo de las relaciones internacionales se vuelve una ociosidad para el común de la gente.

Sin embargo, a diferencia de los que sucedía antes, resulta que las reuniones actuales si tienen puntos finos que merecen ser seguidos por los ciudadanos de todas las nacionalidades, ya no son solamente los jefes de estado y de gobierno o los cancilleres los que participan de éstos acuerdos; ahora se suman a las discusiones supervisores financieros, titulares de finanzas y los banqueros centrales. Resulta que es en éstas reuniones donde se marcan las pautas para la inversión, las reglas bajo las cuales los bancos y otros organismos financieros operarán entre países, los acuerdos entre lo que sí estará permitido o no en la industria financiera, cómo se trabajará para fortalecer el crecimiento y la baja inflación y aquellas medidas para evitar la evasión de impuestos, en otras palabras, se discute, nada más y nada menos el ritmo al cual bailarán los países con sus políticas fiscales, monetarias y financieras.

Si los representantes un país se inclinan a favor de determinada política económica que podría ayudar al crecimiento de su país y resulta que la idea es contraria a éstas directrices del G20, difícilmente llegará a implementarse y a muy altos costos. Por ejemplo, disminuir el capital requerido a los bancos para impulsar el crédito, podría ser una medida coherente, sin embargo, las consecuencias de facto serán que los inversionistas globales se alejarán de su país por una cuestión reputacional, ya que al no cumplir con los estándares de Basilea III que piden mayor nivel de capital se consideraría una jurisdicción poco segura para invertir.

Este escenario es el mismo si se es miembro o no del G20, las directrices o “buenas prácticas” acordadas impactan a todas las economías, no solo a los miembros. Como se mencionó, la gobernanza hace necesaria la participación de países como México, Arabia Saudita o Sudáfrica; en el sentido de añadir representatividad; más no necesariamente en la fijación de la agenda.

La dinámica real del organismo quedó establecida desde las primeras reuniones, el consenso obtenido entre los países desarrollados es más que suficiente para establecer la agenda; en cambio, cuando el consenso se rompe entre las potencias una historia distinta sucede, actualmente podemos ver como Estados Unidos presenta disensos respecto a medidas a favor del libre comercio; ¿habrá consecuencias reputacionales que obliguen a modificar sus políticas? De ninguna manera, de hecho, resultan tan irrelevantes las reglas del juego fuera del consenso que incluso si se establecieran medidas coercitivas o formales el resultado sería el mismo; está por verse como logra la Organización Mundial de Comercio donde si existe un acuerdo formal, evitar las medidas proteccionistas del presidente Trump.

Si, el mundo necesita coordinación, reglas y acuerdos; la soberanía en nuestros tiempos no es lo que fue en tiempos de la Unión Soviética, sin embargo, al ver la agenda de los organismos internacionales podemos identificar como hay miembros que son sujetos de las reglas y miembros que las redactan. He ahí la causa de que los ciudadanos de las naciones en desarrollo deban prestar más atención a éste juego de la política internacional, de ello dependerá el margen de actuación de sus gobernantes en las políticas económicas a nivel interno.

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[1] Considerando a partir de la Cumbre de Washington celebrada el 15 de noviembre de 2008.

La agenda del FSB para 2017; consolidación y evaluación de las reformas

El pasado 8 de febrero tuvo lugar la primera reunión anual del Financial Stability Board (FSB), los temas presentados en ésta serán los que estaremos viendo en la agenda del G2O en la reunión de julio en Alemania.

A casi 10 años de distancia de la más reciente crisis financiera global, la agenda de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se enfocó en la revisión de la implementación de las reformas y la calibración de los resultados indeseados o subóptimos, tanto en países desarrollados como en mercados emergentes, pero con un énfasis en los últimos. En la ruta de las reformas, el trabajo de implementación ha recaído principalmente en los organismos especializados como el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria o en la Organización Internacional de Comisiones de Valores, mientras que el FSB ha actuado como el eje articulador y la cara visible de las reformas ante el G20. De tal manera que, tras cumplir con sus mandatos, inicia una nueva etapa de trabajo enfocado en la evaluación de la coherencia y la identificación de los efectos no deseados de las reformas como un todo, por lo que al día de hoy se encuentra recabando estudios y propuestas de los miembros y con base en éstos, en julio en la reunión del G20, se presentará el plan de trabajo correspondiente.

Respecto a los temas aún por concluir; se presentó un reporte sobre la interdependencia entre las contrapartes centrales, los miembros liquidadores preponderantes y los proveedores de servicios financieros. Este punto va alineado con la consulta publicada en febrero sobre la guía de resolución de contrapartes centrales. Hay que tener en mente que la infraestructura de los mercados también ha sido considerada como parte de la clasificación de Instituciones Financieras Sistémicamente Importantes, aunque no necesariamente se puede esperar una lista como las que publica el FSB para bancos o aseguradoras cada noviembre.

En cuanto a los temas de la agenda de mayor relevancia para los países emergentes, (discutidos en el foro ad oc, organizado en las mismas fechas) se sigue haciendo mención a los impactos en la liquidez de los mercados de valores locales, ya que medidas como la estandarización de instrumentos derivados o la negociación de los llamados derivados “over the counter”, pueden provocar la disminución de las operaciones en sus mercados, tanto por mayores costos, como por limitaciones regulatorias de los países en los que se encuentran los participantes del mercado.

Mientras que en el seno del G20 participan países emergentes como los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), otros como Argentina, México, Corea del Sur y aquellos invitados por el anfitrión; en el FSB se ha buscado la forma de dar voz a todos los países mediante la conformación de diversos grupos regionales, de forma que puedan dar seguimiento a tendencias y retos de la regulación discutidos por los miembros de la plenaria del organismo y a su vez éstos puedan plantear aquellos temas que consideren deban ser discutidos a nivel internacional. Así es como se ha logrado que uno de los recientes puntos de atención del FSB sea el impacto en las relaciones entre bancos a través de las fronteras, pues debido a la sobrecarga de medidas preventivas de lavado de dinero, en algunos países se inhibe la prestación de servicios a otras jurisdicciones, (el llamado de-risking), teniendo impactos en la actividad económica; resultado de esto es que en diciembre del año pasado el FSB publicó un documento sobre el plan de trabajo para el grupo encargado de atender el tema.

Al tiempo que se vaya concluyendo con el trabajo de la agenda poscrisis, entre los asuntos que irán tomando fuerza se encuentra el relacionado con el cambio climático, para el cual el FSB creó un grupo de trabajo relativo a la revelación de aspectos que afecten el cambio climático y para el cual ha sido emitido para consulta un documento. En el mismo sentido, encontramos las propuestas de trabajo en fintech, ya que es un área de oportunidad para que los mercados emergentes logren un mayor alcance de usuarios de servicios financieros.

Restará ver si los cambios en la orientación ideológica de los nuevos gobiernos, háblese Estados Unidos, Francia o Reino Unido, permitirán mantener la dinámica de trabajo y los compromisos logrados en éstos casi 10 años.

Nueva propuesta de reforma a la regulación financiera norteamericana, ¿Negación de la crisis financiera del 2008?

A menos de un mes de gobierno, Donald Trump ha emitido un decreto ejecutivo que busca modificar la reforma financiera del año 2010 conocida como “Dodd-Frank” (D-F) a la cual califica de “desastre”, lo que inmediatamente ha hecho saltar el precio de las acciones de las empresas financieras. Ante esta posibilidad habría que preguntarle, ¿Qué acaso vivió fuera de la tierra entre 2007 y 2012? Siendo un empresario de tal relevancia es imposible que sus negocios se hayan visto inmunes ante la extensión de la crisis, ya sea por las consecuencias de las hipotecas basura o por la contracción del crédito bancario.

El decreto ejecutivo instruye a las agencias reguladoras realizar una revisión de la congruencia de sus acciones y resultados con los siguientes principios:

·        “(A) capacitar a los estadounidenses para tomar decisiones financieras independientes e informadas en el mercado, ahorrar para la jubilación y construir riqueza en lo individual;

·         (B) evitar los rescates financiados por los contribuyentes;

·         (C) fomentar el crecimiento económico y la dinámica de los mercados financieros a través de análisis de impacto regulatorio más rigurosos;

·         (D) permitir a las empresas estadounidenses ser competitivas;

·   (E) promover los intereses estadounidenses en las negociaciones y reuniones sobre regulación financiera internacional;

·         (F) hacer que la regulación sea eficiente, eficaz y diseñada adecuadamente; y

·         (G) restablecer la rendición de cuentas dentro de los organismos federales de regulación financiera y racionalizar el marco regulatorio financiero federal.”

Si bien, por si mismos los principios no suenan descabellados, sino más bien coherentes (¿quién se podría imaginar una regulación que dijera lo contrario?) y partiendo de que todas las leyes son perfectibles, proponer modificaciones a una ley de más de 800 páginas en donde gran parte de las medidas no han logrado ser implementadas tiene sentido. Algo puede hacerse respecto de la complejidad regulatoria que establece distintas agencias de regulación dependiendo del tamaño y alcance de los bancos, o por ejemplo los requerimientos de capital para los bancos comunitarios; sin embargo, es el contexto y las declaraciones lo que prende las señales de alerta.

No han sido pocas las ocasiones que el presidente hace declaraciones en contra de las facultades de la Reserva Federal (FED) y su presidenta Janet Yellen; de hecho, Daniel Tarullo, miembro de la junta de la FED y principal encargado de la regulación bancaria, ha presentado su renuncia, dejando al ejecutivo poder para nombrar a alguien en su lugar, al igual que en otras dos vacantes en la institución.

En paralelo, el congresista Patrick McHenry, vicepresidente del comité de servicios financieros y parte de la bancada republicana han presionado a la FED para dejar de participar en las decisiones del Comité de Basilea, organismo emisor de estándares internacionales a nivel bancario.

Más preocupante aún resulta la existencia de un documento que delinea el sentido en que el irían los cambios en la regulación, en junio de 2016 (meses antes incluso de la elección presidencial) la bancada republicana presentó una propuesta de ley para los servicios financieros, nombrada como “The Financial Choice Act”, en la que con base en declaraciones descontextualizadas cuestiona la arquitectura financiera de la reforma D-F; entre otras cosas la creación del Comité de Supervisión de Estabilidad del Sistema Financiero, encargado de identificar riesgos sistémicos; los requerimientos de capital regulatorio (en sintonía con los Acuerdos de Basilea III); las medidas de resolución para los bancos considerados sistémicos; las facultades de supervisión de la FED sobre infraestructura sistémica e instituciones financieras no bancarias consideradas sistémicas, así como sus atribuciones en cuanto a realizar pruebas de resistencia financiera.

La infraestructura del sistema financiero en cualquier país es de utilidad pública (de ella dependen los sistemas de pagos), la regulación que se aplica a esta industria se le denomina “prudencial” porque su objetivo es la toma responsable de riesgos por parte de los participantes del mercado, debido a las consecuencias que pueda tener para el país. A su vez, en un mundo de libre flujo de capitales y mercados financieros operando las 24 horas al día, la estabilidad financiera es un bien público global y en el mismo sentido, el éxito de las medidas que tienden a tal fin está en que no se requiera de rescates por parte de los gobiernos. Si se quisiera de verdad dejar de favorecer a los grandes bancos (clasificados de acuerdo a los estándares internacionales como Instituciones Financieras Sistémicamente Importantes (SIFI)), se debería proceder a su nacionalización y no a la eliminación de la red de protección del sistema, pues la toma de riesgos a costa de un daño a la población siempre estará latente, no hay forma de que los costos de un rescate sean mayores a los costos para la economía nacional del permitir la quiebra de un particular sistémico. En caso de ir en tal sentido, las reformas, se volvería al “business as usual” y se olvidarían las declaraciones del CEO de Morgan Stanley, John Mack en 2009, “No nos podemos controlar a nosotros mismos”.

Por lo pronto el primer paso ya se ha dado en ese sentido, el mismo 3 de febrero de 2017 fue firmada una segunda orden ejecutiva que, argumentando que los usuarios de servicios financieros tienen derecho a tener todas las opciones de inversión, revisará la responsabilidad de los asesores financieros de actuar a favor de sus clientes, lo que permitiría a los asesores ofrecer productos que no correspondan al perfil del inversionista pero que les generen mayores comisiones.

Tanto la orden ejecutiva, como la propuesta del congresista Patrick McHenry; por su subjetividad, no dejan más que inferir que se encuentran impulsadas por el lobby financiero, lo único que se puede comparar con dicha irresponsabilidad es la negación del cambio climático. Algunos medios como la revista “The Economist” señalan que difícilmente se cambiaría algo sustancial de la D-F, pero hasta ahora no deja de sorprender como la irracionalidad se apodera de los contrapesos del sistema político de Norteamérica ante las amenazas de Donald y dejan el camino libre a sus medidas.