"Desconfío de lo que llaman sociedad civil” Lo dijo AMLO, yo lo suscribo.

En la reciente entrevista del candidato presidencial Andres Manuel Lopez Obrador con periodistas de grupo Milenio se cuestionó al candidato sobre su postura respecto de la participación de la sociedad civil en la política, a lo que la polémica respuesta de que desconfiaba de “eso que llaman sociedad civil o iniciativas independientes” sirvió de munición para la cargada mediática en los días siguientes. Si bien las organizaciones de la sociedad civil tienden a llenar los espacios poco cubiertos por el gobierno o generar importantes iniciativas, pretender que se tomen como buenas por si mismas dichas propuestas puede no ser lo más inteligente. Aquí algunos argumentos.

Al igual que en la novela 1984 de George Orwell en donde a la institución encargada de hacer la guerra se le nombra “Ministerio de la Paz”; los términos “instituciones”, “medios de comunicación” y “sociedad civil” se han querido difundir como neutrales a intereses particulares y al servicio del bien común. Hoy la terca realidad mexicana deja claro que tienen dueños con nombre y apellido, quienes a su vez están tan íntimamente ligados que refuerzan los supuestos significados neutros para mantener el dominio sobre sus respectivas áreas de influencia.

El ejemplo más claro de la manipulación de los términos fue el impacto que se generó en la campaña electoral de 2006 de AMLO cuando al mandar al diablo “sus instituciones”. Los medios de comunicación repitieron cuantas veces fue necesario sus palabras con una perspectiva de indignación que transformaba las palabras del candidato en “al diablo las instituciones democracias y justas del estado mexicano”.

Dichas instituciones mexicanas son mayormente entendidas de acuerdo a la definición del Contrato Social de Jean Jacques Rousseau, donde los hombres libres concurren y se someten a una autoridad que administra justicia, agregándole la narrativa de la identidad mexicana dada por el mestizaje y la independencia mexicana para tener el estado-nación mexicano. Se olvida que existen interpretaciones distintas como la concepción marxista del Estado, en la cual el aparato Estatal no es más que el instrumento en el cual se materializan los intereses de la clase dominante.

Lo mismo se puede decir de los medios de comunicación, el termino neutral se refiere a los recursos, instrumentos o técnicas para informar y hacer llegar información de una parte a otra. El matiz viene con las preguntas ¿Qué información? ¿de quién a quién? En las cuales la ausencia de igualdad de condiciones para comunicar entre cualquier parte pone en desventaja a algunos. Es por eso que el acenso del internet y las redes sociales han tenido tanto impacto en la comunicación, han creado un espacio de inclusión y hoy son el campo de batalla de las campañas políticas. La frustración de la pérdida del monopolio comunicacional se ve reflejado en las desatinadas declaraciones el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa al señalar que la muerte de periodistas “son en gran parte por culpa de la libertad de prensa”, es decir a la posibilidad de comunicar fuera de los medios dominantes que informaban de acuerdo a lo que les convenía.

Finalmente señalaría que el término “Sociedad Civil” al que mañosamente se refieren los entrevistadores de AMLO es aquella que ocupa el espacio sobrante en la formación ideológica de los ciudadanos dejado por el Estado y los medios de comunicación. En stricto sensu, todo ciudadano fuera de las actividades gubernamentales se encuentra en el espacio de la sociedad civil, sin embargo, normalmente es utilizada en referencia a aquellos grupos de ciudadanos organizados que buscan intervenir en la toma de decisiones políticas; bien se puede hablar de un grupo de vecinos, protectores del medio ambiente, defensores del consumidor, etc., respaldados por la legitimidad social de su causa (grupos como los protectores de una visión única de las familias son ejemplo de una causa sin tanto respaldado y por lo tanto poca legitimidad). ¿Cuáles serán los más influyentes y más reconocidos? Sin duda los mejor organizados, y para una mejor organización se requieren recursos; es entonces donde llegamos a la pregunta del millón ¿Quién financia a estos ciudadanos organizados reconocidos que buscan influir en las políticas públicas? Si resulta que, en algún porcentaje, directa o indirectamente se encuentran financiados por los detentores del control de las “instituciones” y los “medios de comunicación”, entonces estamos hablando de otro animal de la misma familia y del cual se podría esperar que las decisiones que buscan influir reditúen en alguna manera a sus patrocinadores.

En el caso de estos grupos respaldados financieramente y los grupos de vecinos hay un abismo de diferencia, mientras los segundos pueden tener necesidades específicas (la pavimentación de una calle, la instalación de infraestructura) en el primer caso la agenda puede ser amplia y diversa (seguridad, corrupción, ecología, etc.) y sin duda sus opiniones y propuestas tendrán gran valor, pero de ahí a asegurar que dichas propuestas son “La solución” hay mucho que cuestionar.

Las encuestas lo demuestran, los representantes políticos tienen un muy bien ganado desprestigio, pero apoyar incondicionalmente la agenda de las Asociaciones Civiles dominantes puede significar apoyar por otros medios los mismos intereses que nos tienen ante una grave crisis social en primer lugar.

¿Revisión a los contratos del Aeropuerto? Llamémosle sin miedo “auditoría” y no hacerlo es ridículo.

En 2006 como parte de la campaña presidencial en Ecuador, el reconocido exsecretario de finanzas, Rafael Correa propuso llevar a cabo una revisión a la deuda pública ecuatoriana, en los meses siguientes el índice EMBI+ de JP Morgan registró una tendencia al alza a medida que la posibilidad de la elección de Correa triunfara. El solo hecho de hablar de una revisión a las condiciones en las que se endeudó al Estado generaba nerviosismo a los dueños del capital.

El llevar a cabo una auditoría es un paso intrínseco dentro del proceso administrativo. En términos epistemológicos, la auditoría es “un método que busca acercar una materia sujeto a un criterio, en función de un objetivo superior de control. Su carácter científico depende de las metodologías que utilice para ello. En cuanto el poder es distinto (político, económico, cultural social, etc.) aparecen distintos objetivos de control, para los cuales se requiere un distinto tipo de auditoría” (Auditoría de información financiera, Samuel Mantilla).

¿Cómo entonces hablar de la imposibilidad de revisar cualquier contrato?  ¿Qué no acaso para eso se establecen diversos términos en los contratos? ¿Qué no existe un sistema jurídico que da claridad a los compromisos de las partes? ¿Qué no en México existe un poder Judicial encargado de impartir justicia, así como tratados internacionales que garantizan el respeto a la propiedad privada?

Toda persona física o moral que lleva a cabo una actividad productiva de una u otra forma es sujeta al control como parte del proceso administrativo. ¿Por qué no habrían de estar sujetos a su vez los compromisos adquiridos en las licitaciones para construir el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM)?

Garantizar la legalidad de los contratos es también hacer cumplir el estado de derecho en el sistema político mexicano. La administración pública por si misma tiene instancias encargadas de cumplir con la función de control, contamos tanto con la Secretaría de la Función Pública como con la Auditoría Superior de la Federación, esta última señalando diversas irregularidades que deberán resolverse.

Los procesos de auditoría estuvieron por mucho tiempo fuera del alcance de los ciudadanos, hoy las buenas prácticas internacionales señalan que no solo se debe buscar que tengamos acceso a la información pública, sino que podamos dar seguimiento a la forma en que los recursos son utilizados.

Cualquier persona que contrata un seguro firma un contrato, ¿acaso si una persona vende el coche el comprador no tiene derecho a acceder a dicho contrato? ¿O en el momento de su renovación el negociar cualquier punto es causa de conflicto con la aseguradora?

Si las empresas contratistas temen a la revisión de contratos debe hacernos ruido, el siguiente gobierno no debe tener ningún obstáculo y la discusión pública de la legalidad de los contratos no es mas que muestra de un sistema político democrático. Las decisiones posteriores al análisis está claro que dependerán de la perspectiva del gobernante, en el caso ecuatoriano tras la auditoría se llevó una renegociación con un descuento del 80% de su valor, un ahorro de 7.000 millones de dólares, con el costo de mantenerse fuera de los mercados financieros por 6 años. Esperemos primero a llegar a ese momento con la información completa y entonces abramos la discusión.

 Mientras tanto, en tema del NAICM no debe haber lugar a dudas, la auditoría es un proceso saludable y lógico que no debe verse como un tema político sino como un tema de derechos ciudadanos.