El salario mínimo en México es de
88.36 pesos diarios, a pesar de que cada sexenio se cambia la estrategia y a
pesar de que la mitad de los trabajadores ganan hasta 3 veces ese salario
mínimo, los ingresos de los trabajadores son insuficientes para superar los
niveles de pobreza que se mantienen por encima del 50% de la población. Sin
embargo, los analistas económicos y políticos han puesto el grito en el cielo
por la propuesta del recién electo presidente, Andres Manuel Lopez Obrador de
disminuir los salarios de la parte más alta de la burocracia, exactamente
aquellos que ganan más de un millón de pesos al año (burócratas que viven en un
país en el que solo el 1.7% de la población gana arriba de 20 mil pesos
mensuales y donde ellos obtienen remuneraciones mínimas de $89,000 al mes). El
argumento del sobresalto de los analistas es la tesis de que con un menor
salario los mejores y más capaces burócratas preferirán irse al sector privado
causando una gran pérdida de talento y capacidad en el aparato gubernamental,
sobre todo en organismos especializados, llámense Comisión Federal de
Competencia Económica, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, entre otros.
Resulta interesante este reciente
interés por el tema, debido a que, la agenda mediática nunca se ha enfocado en
dar seguimiento a las trayectorias de los funcionarios, simplemente se da por
sentado que al referir al alma mater y los estudios en el extranjero se puede
confiar de la competencia; saltar de un puesto a otro en poco tiempo nunca ha
sido motivo de una nota inquisitiva en los diarios de circulación nacional, ni
mucho menos posibles casos de conflictos de interés como los de los extitulares
de los organismos supervisores financieros que no pierden el tiempo en dar el
salto a la industria, aun cuando la ley establece un periodo mínimo fuera del
sector. Por otro lado, las cascadas de cambio dentro de las diferentes
entidades gubernamentales tampoco han despertado el interés periodístico, la
constante degradación del Servicio Profesional de Carrera (SPC) y el abuso de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera con mecanismos como el artículo 34
para nombramientos sin concurso, no han ocupado los titulares de ningún
periódico ni en este, ni en otros sexenios.
¿A qué se puede atribuir entonces
está coordinada sinfonía de voces críticas o como llaman “nado sincronizado de
la prensa”? Tomando en cuenta el ritmo
de los diferentes temas en la agenda durante la elección, primero a favor de un
voto de miedo y segundo con el regateo para un voto dividido, no se puede dejar
de lado un motivo malintencionado para empujar el tema, pudiendo ser éste que
pugnar por un salario “justo” para los funcionarios públicos (hablando de
aquellos que están sujetos al recorte) es pugnar por mantenerlos en la
estructura burocrática del estado, es decir generar resistencia a los cambios
políticos de forma fáctica. Con lo anterior se buscaría que ocurra el fenómeno
del gatopardismo, que cambie el titular, pero no la estructura para hacer los
cambios de fondo. El mismo móvil sustenta la crítica en el caso del plan de
modificar a los distintos delegados federales en los estados, lo mismo con el
traslado de las secretarías a los estados e igual que con la concentración de
las compras públicas en la SHCP, todo para poner mayores trabas a un proyecto
que aún está en borrador.
Si de verdad existe un profundo
interés por la eficiencia de la Administración Pública, tanto los medios de
comunicación como los organismos de la sociedad civil deben enfocar sus agendas
en el perfeccionamiento del SPC, como he argumentado anteriormente, esta es una
herramienta de suma utilidad para el reclutamiento y selección de funcionarios
federales, ahí está la clave para obtener recursos humanos de gran capacidad,
no en defender a la burocracia dorada del último sexenio.
