En un contexto
de hartazgo social que jamás esperó el gobierno de Enrique Peña Nieto que se
desencadenara por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de
Ayotzinapa, uno tras otro salen escándalos que amenazan, en sus palabras “su
proyecto de nación”.
El
descubrimiento de una enorme casa en una zona residencial exclusiva propiedad
de la esposa de EPN se convirtió en un evento más del espiral de ilegitimidad
en que ha caído el presidente. En cualquier otra circunstancia, el descubrimiento
periodístico hubiera quedado como un botón de muestra de la distancia entre el
poder y la opinión pública. En esta ocasión ha sido el más claro ejemplo de la
distancia entre los gobernantes y la sociedad a la que gobiernan.
Como salida fácil
para cubrir los ataques mediáticos, EPN dispuso que su esposa Angélica Rivera
diera la cara ante los medios para aclarar la posesión del inmueble. El suceso
no pudo haber sido más desastroso.
Con firmeza, la
primera dama narro los hechos sobre como obtuvo la casa. Declaró que por medio
de su trabajo de muchos años en la empresa de televisión “Televisa”, fue que la
obtuvo, pero que “aun sigue pagándola”. Narro como es su relación con el contratista
Juan Armando Hinojosa Cantú, casualmente el mismo dueño de la empresa que había
ganado, asociado con empresas chinas, la licitación para la construcción del
tren de alta velocidad México - Querétaro.
Finalmente
señaló con un tono seco, que no era su responsabilidad llevar a cabo una
declaración patrimonial, puesto que ella no es servidora pública, y que si
estaba dando explicaciones sobre la posesión de una casa descubierta por los
medios, así como otras propiedades, era para proteger a su familia, punto
final.
Por su lado, EPN
se vio obligado por las mismas causas a hacer pública su declaración
patrimonial. Antes lo había hecho, pero ante las circunstancias y dudas de la
opinión pública, daría mayor información.
Dejando de lado
las apreciaciones sobre lo declarado por la pareja presidencial, resulta
evidente para cualquier analista político la situación del país solo mediante
el asunto de “la casa blanca”. Lo nota la prensa nacional y la prensa
internacional, la misma que hace unos meses lo ponía en la portada de sus
ediciones y hablaba del “mexican moment”.
Todo el mundo lo
sabe, quizá excepto ellos, los gobernantes, y por obvias razones. El pueblo y
el gobierno viven mundos diferentes, atienden mundos diferentes y se mueven en
mundos diferentes. Hablar de cifras millonarias, de propiedades de millones de dólares,
de justicia y legalidad, son cosas que resultan ajenas a la sociedad mexicana. Eso es lo que jamás entenderá la clase
política.
Para peña nieto,
su familia y demás miembros de la clase gobernante tener un trabajo bien pagado
es natural, que el sistema de justicia funcione es natural, que sus decisiones
sean lo correcto es natural.
Jamás han
sentido la injusticia, el rechazo, el salario mínimo, los abusos, la impunidad,
porque cuando sólo el 7 % de la Población económicamente activa gana más de 10 mil
pesos mensuales, los funcionarios públicos tienen aguinaldos superiores a los
100 mil pesos y son ellos la ley y la justicia[1].
Ese es el
trasfondo de las manifestaciones, Ayotzinapa fue la chispa que encendió la
mecha, y EPN no es más que la cara visible del sistema que los mexicanos
queremos cambiar. De aquí en adelante cualquier paso en falso será el desplome
del sistema desde ahora condenado.
Es la
actualización de la sociedad mexicana con el despertar político
latinoamericano, es la primavera mexicana, es nuestro #quesevallantodos.
