A menos de un mes de gobierno, Donald Trump ha
emitido un decreto ejecutivo que busca modificar la reforma financiera del año
2010 conocida como “Dodd-Frank” (D-F) a la cual califica de “desastre”, lo que
inmediatamente ha hecho saltar el precio de las acciones de las empresas
financieras. Ante esta posibilidad habría que preguntarle, ¿Qué acaso vivió
fuera de la tierra entre 2007 y 2012? Siendo un empresario de tal relevancia es
imposible que sus negocios se hayan visto inmunes ante la extensión de la
crisis, ya sea por las consecuencias de las hipotecas basura o por la contracción
del crédito bancario.
El decreto ejecutivo instruye a las agencias
reguladoras realizar una revisión de la congruencia de sus acciones y resultados
con los siguientes principios:
· “(A)
capacitar a los estadounidenses para tomar decisiones financieras
independientes e informadas en el mercado, ahorrar para la jubilación y
construir riqueza en lo individual;
·
(B)
evitar los rescates financiados por los contribuyentes;
·
(C)
fomentar el crecimiento económico y la dinámica de los mercados financieros a
través de análisis de impacto regulatorio más rigurosos;
·
(D)
permitir a las empresas estadounidenses ser competitivas;
· (E)
promover los intereses estadounidenses en las negociaciones y reuniones sobre
regulación financiera internacional;
·
(F) hacer
que la regulación sea eficiente, eficaz y diseñada adecuadamente; y
·
(G)
restablecer la rendición de cuentas dentro de los organismos federales de
regulación financiera y racionalizar el marco regulatorio financiero federal.”
Si bien, por si mismos los principios no suenan
descabellados, sino más bien coherentes (¿quién se podría imaginar una
regulación que dijera lo contrario?) y partiendo de que todas las leyes son
perfectibles, proponer modificaciones a una ley de más de 800 páginas en donde
gran parte de las medidas no han logrado ser implementadas tiene sentido. Algo
puede hacerse respecto de la complejidad regulatoria que establece distintas
agencias de regulación dependiendo del tamaño y alcance de los bancos, o por
ejemplo los requerimientos de capital para los bancos comunitarios; sin embargo,
es el contexto y las declaraciones lo que prende las señales de alerta.
No han sido pocas las ocasiones que el presidente
hace declaraciones en contra de las facultades de la Reserva Federal (FED) y su
presidenta Janet Yellen; de hecho, Daniel Tarullo, miembro de la junta de la
FED y principal encargado de la regulación bancaria, ha presentado su renuncia,
dejando al ejecutivo poder para nombrar a alguien en su lugar, al igual que en
otras dos vacantes en la institución.
En paralelo, el congresista Patrick McHenry,
vicepresidente del comité de servicios financieros y parte de la bancada
republicana han presionado a la FED para dejar de participar en las decisiones
del Comité de Basilea, organismo emisor de estándares internacionales a nivel
bancario.
Más preocupante aún resulta la existencia de un
documento que delinea el sentido en que el irían los cambios en la regulación,
en junio de 2016 (meses antes incluso de la elección presidencial) la bancada
republicana presentó una propuesta de ley para los servicios financieros,
nombrada como “The Financial Choice Act”,
en la que con base en declaraciones descontextualizadas cuestiona la
arquitectura financiera de la reforma D-F; entre otras cosas la creación del
Comité de Supervisión de Estabilidad del Sistema Financiero, encargado de
identificar riesgos sistémicos; los requerimientos de capital regulatorio (en
sintonía con los Acuerdos de Basilea III); las medidas de resolución para los
bancos considerados sistémicos; las facultades de supervisión de la FED sobre
infraestructura sistémica e instituciones financieras no bancarias consideradas
sistémicas, así como sus atribuciones en cuanto a realizar pruebas de
resistencia financiera.
La infraestructura del sistema financiero en
cualquier país es de utilidad pública (de ella dependen los sistemas de pagos),
la regulación que se aplica a esta industria se le denomina “prudencial” porque
su objetivo es la toma responsable de riesgos por parte de los participantes
del mercado, debido a las consecuencias que pueda tener para el país. A su vez,
en un mundo de libre flujo de capitales y mercados financieros operando las 24
horas al día, la estabilidad financiera es un bien público global y en el mismo
sentido, el éxito de las medidas que tienden a tal fin está en que no se
requiera de rescates por parte de los gobiernos. Si se quisiera de verdad dejar
de favorecer a los grandes bancos (clasificados de acuerdo a los estándares
internacionales como Instituciones Financieras Sistémicamente Importantes
(SIFI)), se debería proceder a su nacionalización y no a la eliminación de la
red de protección del sistema, pues la toma de riesgos a costa de un daño a la
población siempre estará latente, no hay forma de que los costos de un rescate
sean mayores a los costos para la economía nacional del permitir la quiebra de
un particular sistémico. En caso de ir en tal sentido, las reformas, se
volvería al “business as usual” y se
olvidarían las declaraciones del CEO de Morgan Stanley, John Mack en 2009, “No
nos podemos controlar a nosotros mismos”.
Por lo pronto el primer paso ya se ha dado en ese
sentido, el mismo 3 de febrero de 2017 fue firmada una segunda orden ejecutiva
que, argumentando que los usuarios de servicios financieros tienen derecho a
tener todas las opciones de inversión, revisará la responsabilidad de los
asesores financieros de actuar a favor de sus clientes, lo que permitiría a los
asesores ofrecer productos que no correspondan al perfil del inversionista pero
que les generen mayores comisiones.
Tanto la orden ejecutiva, como la propuesta del
congresista Patrick McHenry; por su subjetividad, no dejan más que inferir que
se encuentran impulsadas por el lobby financiero, lo único que se puede
comparar con dicha irresponsabilidad es la negación del cambio climático. Algunos
medios como la revista “The Economist”
señalan que difícilmente se cambiaría algo sustancial de la D-F, pero hasta
ahora no deja de sorprender como la irracionalidad se apodera de los
contrapesos del sistema político de Norteamérica ante las amenazas de Donald y
dejan el camino libre a sus medidas.
