¿Revisión a los contratos del Aeropuerto? Llamémosle sin miedo “auditoría” y no hacerlo es ridículo.

En 2006 como parte de la campaña presidencial en Ecuador, el reconocido exsecretario de finanzas, Rafael Correa propuso llevar a cabo una revisión a la deuda pública ecuatoriana, en los meses siguientes el índice EMBI+ de JP Morgan registró una tendencia al alza a medida que la posibilidad de la elección de Correa triunfara. El solo hecho de hablar de una revisión a las condiciones en las que se endeudó al Estado generaba nerviosismo a los dueños del capital.

El llevar a cabo una auditoría es un paso intrínseco dentro del proceso administrativo. En términos epistemológicos, la auditoría es “un método que busca acercar una materia sujeto a un criterio, en función de un objetivo superior de control. Su carácter científico depende de las metodologías que utilice para ello. En cuanto el poder es distinto (político, económico, cultural social, etc.) aparecen distintos objetivos de control, para los cuales se requiere un distinto tipo de auditoría” (Auditoría de información financiera, Samuel Mantilla).

¿Cómo entonces hablar de la imposibilidad de revisar cualquier contrato?  ¿Qué no acaso para eso se establecen diversos términos en los contratos? ¿Qué no existe un sistema jurídico que da claridad a los compromisos de las partes? ¿Qué no en México existe un poder Judicial encargado de impartir justicia, así como tratados internacionales que garantizan el respeto a la propiedad privada?

Toda persona física o moral que lleva a cabo una actividad productiva de una u otra forma es sujeta al control como parte del proceso administrativo. ¿Por qué no habrían de estar sujetos a su vez los compromisos adquiridos en las licitaciones para construir el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM)?

Garantizar la legalidad de los contratos es también hacer cumplir el estado de derecho en el sistema político mexicano. La administración pública por si misma tiene instancias encargadas de cumplir con la función de control, contamos tanto con la Secretaría de la Función Pública como con la Auditoría Superior de la Federación, esta última señalando diversas irregularidades que deberán resolverse.

Los procesos de auditoría estuvieron por mucho tiempo fuera del alcance de los ciudadanos, hoy las buenas prácticas internacionales señalan que no solo se debe buscar que tengamos acceso a la información pública, sino que podamos dar seguimiento a la forma en que los recursos son utilizados.

Cualquier persona que contrata un seguro firma un contrato, ¿acaso si una persona vende el coche el comprador no tiene derecho a acceder a dicho contrato? ¿O en el momento de su renovación el negociar cualquier punto es causa de conflicto con la aseguradora?

Si las empresas contratistas temen a la revisión de contratos debe hacernos ruido, el siguiente gobierno no debe tener ningún obstáculo y la discusión pública de la legalidad de los contratos no es mas que muestra de un sistema político democrático. Las decisiones posteriores al análisis está claro que dependerán de la perspectiva del gobernante, en el caso ecuatoriano tras la auditoría se llevó una renegociación con un descuento del 80% de su valor, un ahorro de 7.000 millones de dólares, con el costo de mantenerse fuera de los mercados financieros por 6 años. Esperemos primero a llegar a ese momento con la información completa y entonces abramos la discusión.

 Mientras tanto, en tema del NAICM no debe haber lugar a dudas, la auditoría es un proceso saludable y lógico que no debe verse como un tema político sino como un tema de derechos ciudadanos.