Una joven feminista se expresa sobre su posición sobre el aborto añadiendo un pañuelo verde (símbolo del movimiento a favor del aborto) al escudo de la UNAM. Se le obstaculizan los tramites de titulación y se amenaza con imponerle una sanción.
140 triciclos de comerciantes informales son incautados en uno de los municipios económicamente más pujantes de la Ciudad de México. Las autoridades del municipio anuncian el hecho con orgullo en las redes sociales por “poner en orden” a la actividad económica.
Un funcionario público es detenido en su automóvil por la policía con una menor de edad desnuda. A pesar de ser vinculado a proceso por abuso sexual infantil, el juez del caso no acredita el delito de corrupción de menores bajo el supuesto de que la menor “no sintió placer”.
Los anteriores son ejemplos del sentido de la justicia de los individuos con funciones de autoridad en México. Son muestra material de lo profundo que está dañada la institucionalización de la justicia. Sin pretender dar una hipótesis de lo que está de fondo (si se debe a fallas en las normas, al arraigo de la burocracia, a la falta de profesionalismo o cualquier causa); lo que se observa es que paras las autoridades de cualquier ámbito resulta más rentable atender punitivamente aquellos casos en los que el trasgresor se encuentra en posición de indefensión (vendedores ambulantes, estudiante) en comparación con otros trasgresores en circunstancias más graves (evasores de impuestos, profesores con conductas indebidas o funcionarios públicos). Lo anterior nos habla de incentivos perversos, pues en tales casos no se trata de hacer justicia sino de lograr un hecho que de alguna manera justifique sus funciones. Tal tendencia a la larga puede tener consecuencias violentas, poniendo en riesgo la existencia misma de las instituciones además del desprestigio presente al día de hoy.
Dado que no existe un espacio público de debate ni en el ámbito real ni en los medios tradicionales, las redes sociales, para bien y para mal, se han vuelto la válvula de escape y es hoy el espacio donde se está generando la opinión pública respecto a toda clase de temas sociales y políticos, además de haber demostrado una asombrosa efectividad en cuanto al impacto en los hechos denunciados.
En los tres casos, la opinión pública tuvo efectos materiales en las circunstancias comentadas y están en proceso de rectificación las decisiones señaladas; pero más allá de la función de las redes sociales como espacio público, lo que ahí se está plasmando, sirva de ejemplo el caso de un asaltante de microbús que fue linchado por los pasajeros (que también fue profundamente comentado, principalmente en aprobación a la conducta de los pasajeros), debe servir como advertencia a las instituciones para ajustar los incentivos de su método tradicional de hacer justicia, pues el próximo paso en falso en sus decisiones podría ser el próximo video de justicia por cuenta propia.
